EDUCACIÓN NECESITARIA 20.000 PLAZAS MÁS PARA ESCOLARIZAR A TODOS LOS MENORES      GRANADA HOY

La universalización de la enseñanza desde los 0 hasta los 18 años, como propone el PSOE, supondría un aumento de la conflictividad en las aulas Los docentes se oponen y piden más medios

La tasa de abandono educativo es superior a la media nacional.

Los docentes piden más oferta de FP.

Educación necesitaría crear más de 20.000 plazas escolares para garantizar la universalidad de la enseñanza hasta los 18 años. La propuesta, lanzada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como parte de su programa electoral, supondría la necesidad de contratar a un millar de docentes, crear nuevos institutos y guarderías, aumentar los conciertos... y bregar con el crecimiento de la conflictividad en las aulas, el absentismo y el abandono escolar, según auguran los propios docentes.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en la provincia de Granada hay una población de 182.472 menores de edad (datos de 2014). Los datos facilitados por la Delegación de Educación apuntan, por su parte, a que en la Granada hay 161.339 matriculados en los ciclos de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio. El resultado de cruzar las dos cifras da como resultado que más de 20.000 granadinos menores de edad que están fuera del sistema educativo, bien en los ciclos de Infantil que van de 0 a 6 años o de 16 a los 18 años, las dos etapas que no son obligatorias en la actualidad, pero que pasarían a serlo de prosperar la propuesta socialista.

Incorporar a estos 20.000 granadinos a las aulas supondría la necesidad de contratar a más de 1.300 docentes, según la ratio de alumno/profesor, que en la provincia de Granada está en 14,7, según los datos ofrecidos al comienzo del curso por la Delegación. Estos alumnos requerirían, además, unas 800 aulas más de las que actualmente existen, si se parte de la base de que en cada clase se imparte docencia a 25 alumnos, aunque es habitual que este número sea mayor.

Con estos datos aproximados sobre la mesa, es fácil entender la dificultad para poner en marcha esta iniciativa, que, sin embargo, sí le parece adecuada al delegado de Educación en Granada, Germán González, que calificó la propuesta de "positiva" recientemente.

Además de la dotación económica que requeriría el personal humano y las infraestructuras necesarias para dar cobertura educativa hasta la mayoría de edad, los docentes alertan de que la obligatoriedad de tener en clase a alumnos de 17 o 18 años puede redundar en un aumento de la conflictividad. El sindicato CSIF puso en marcha, tras conocerse la propuesta de Sánchez, una encuesta entre el profesorado. Un millar de docentes han participado y, según los datos, la inmensa mayoría relacionan más edad con más problemas. Del total de los participantes en el cuestionario, el 92% están en contra de ampliar la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 18. A la pregunta "¿Consideras que esta propuesta podría afectar a la convivencia escolar?" el 91% respondieron sí. "Defendemos la escolarización gratuita, pero no obligatoria", explica Germán Girela, de CSIF, que destaca que la convivencia en las aulas "se ha ido deteriorando". "Está claro que el aumento de la edad obligatoria hasta los 16 fue un logro en muchos sentidos, pero también ha contribuido a que haya más violencia, aunque sea de baja intensidad".

Para Pablo Quesada, del sindicato de docentes APIA, "si ya tenemos problemas ahora, ampliar en dos años la obligatoriedad supondrá agravar estos problemas". Según los datos del INE referidos al tercer trimestre de 2015, la tasa de abandono educativo temprano en Andalucía está en el 25,1%, lo que supone cerca de cinco puntos más que la media nacional. El dato es malo, pero mejora el 29,1% regional registrado en el primer trimestre de 2014. Para el portavoz de APIA, el problema del abandono crece a partir de los 14 años, por lo que prorrogar la obligatoriedad de ir a clase dos años más repercutirá negativamente en los índices de abandono. Habrá más, porque habrá más chavales que no quieran ir al instituto.

José Carlos García, de UGT, va en la misma línea y estima que "puede incluso aumentar la conflictividad". "¿Vas a tener dos años más a un alumno que no quiere estar por narices?".

José Madero, representante provincial de la Asociación de Directivos de Centros Educativos (Adian), opina, a título particular, que "puede ser bueno" ampliar en dos años la obligatoriedad de la enseñanza ya que "menos chavales va a haber en la calle". "El problema -según Madero- es que esta medida se haga para que baje el paro". Madero reconoce que hay alumnos que "no quieren estar en los centros" por lo que poner en marcha la universalización de la enseñanza hasta los 18 requiere "dotar a los centros", por ejemplo más plazas de Formación Profesional. "Hay alumnos de 14 y 15 años que están deseando irse, unos para no hacer nada y otros para trabajar".

En la misma línea se pronuncia ANPE. Su portavoz, Manuel Pérez, dice "sí a la educación gratuita y pública, pero no a la obligatoriedad", ya que esa imposición conllevaría "más conflictos en las aulas". "Se fuerza a que tengan que estar dentro del sistema", mientras que lo ideal es que "el que quiera pueda seguir y quien no que vaya al mercado laboral".

Otro de los problemas que presenta la aplicación de la propuesta de Sánchez es el "desfase", según Quesada, entre la edad con la que el alumnado saldría de los institutos (18) y la edad legal para comenzar a trabajar (16), lo que favorecería, precisamente, que aumentara el absentismo. "El sistema educativo no se adapta a las necesidades de todos los alumnos", abunda el representante de APIA.

Las mismas dudas sobre el encaje de la edad laboral y la enseñanza obligatoria se plantea desde UGT. José Carlos García apunta que la propuesta socialista supondría "un descenso del paro", como primera consecuencia. Pero, ¿existe la infraestructura necesaria? En opinión de García, serían necesarios "más conciertos". Precisamente una de las carencias políticas que sufre la educación, según el sindicalista, en que "las reformas se han ido al garete por no tener una memoria económica" que las sustentara.

UGT plantea que haya una oferta formativa que sí debe ser pública y "flexible", lo que conlleva apoyar una oferta de Formación Profesional más amplia, donde la "gente se está quedando en la calle". Los datos del sindicato apuntan a que el 78% de la población menor de 18 años está dentro del sistema educativo, y que para el otro 22% habría que "actuar de forma más flexible". Una de las propuestas del UGT es dotar de "más contenidos" a los centros de formación de adultos y diversificar la oferta, lo que ayudaría, según García, a "rescatar a alumnos que no tienen ni un papel" que acredite un nivel mínimo de estudios.

En la misma línea de apostar por la flexibilidad se manifiesta CCOO. "Defendemos alargar la educación obligatoria hasta los 18 años, hacer un bachillerato flexible y un plan de choque para que vuelvan a estudiar los 500.000 jóvenes españoles de 18 a 24 años que solo tienen, como mucho, la titulación obligatoria, y no están trabajando", expone Diego Molina.

El secretario provincial de Enseñanza del sindicato destaca que "se trata de propuestas para el debate y que habría que estudiar muy bien", pero "las consideramos una importante fórmula para hacer frente a los altos índices de desempleo juvenil provocados por la crisis", que, precisamente, está detrás del descenso de los datos de absentismo. "Como no hay trabajo, más jóvenes estudian más", razona Molina. El sindicalista apunta a que el objetivo marcado dentro de la Unión Europea es que "el 90% de los jóvenes obtengan en 2020, al menos, el título de bachillerato o de FP de grado medio", un porcentaje que ahora está en el 73%. "Para ello es necesario poner los recursos adecuados, como el aumento significativo de las plantillas de profesorado, y una oferta de FP suficiente", apostilla Molina.